Álvaro Fernández
La firma del pacto de gobierno entre PSE-PSOE y PP en Euskal Herria es la escenificación de una operación, iniciada antes de las elecciones vascas, destinada a posibilitar que Patxi López accediera a la lehendakaritza. Estrategia en la que las llamadas leyes de partido político y antiterrorista han sido los instrumentos jurídicos con los que se han realizado, de manera esquizofrénica, una “limpia” antidemocrática del panorama político vasco. A este respecto recuérdese los informes del relator de DDHH de la ONU sobre la aplicación indiscriminada de ambas leyes.
Dejar huérfanos de votar opciones políticas a 100.000 ciudadanas y ciudadanos, o abocarlos a votar en blanco, es lo más parecido a la existencia de un larvado estado de excepción, que a la existencia de un Estado de Derecho.
El llamado bloque constitucionalista, aunque ahora hagan ascos a llamarlo así, ha ganado mediante un “pucherazo” político digno del estado monárquico, cuyos orígenes fascistas, “operación transición”, ley de amnistía y bunkerizada constitución españolista, sufrimos cada día los ciudadanos y ciudadanas de este estado anti-plurinacional.
Las declaraciones que ha ido destilando el futuro lehendakari son penosas, generalidades y un puñado de amenazas para la “izquierda arbertzale radical”, bajo el sonsonete de la lucha contra ETA. Su sosias del PP, Basagoiti, ha declarado este asunto como punto “fundamental” del firmado acuerdo.
