José Antonio Martín PallínEL PAÍS.
José Antonio Martín Pallín es magistrado del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.
Sábado, 18 de julio de 2009.
Un ciudadano quizá con nostalgia de su condición de súbdito, caminaba por el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara luciendo orgulloso una camisa azul con el escudo del águila sobre el yugo y las flechas. En el momento de cruzarnos, pasaban, pedaleando lentamente, dos policías municipales charlando de sus cosas. Nada ni nadie se alteró ante el paseante exhibicionista. Esta España nuestra se resiste a reconocer su pasado. No creo equivocarme si les digo que si un anónimo ciudadano hubiera enarbolado la bandera de la República, su paseo no hubiera sido tan plácido. El osado, al menos, hubiera sido trasladado a comisaría por los cansinos municipales.
Hemos tenido que llegar a diciembre de 2007 para que la pervivencia y la resistencia a retirar los símbolos de la dictadura fascista de nuestras calles y plazas se haya convertido en un acto contrario a la ley. La ley, que pretende ahondar en el espíritu de reconciliación y concordia, se envuelve en un incomprensible galimatías para cualquier lector ajeno a nuestro conflicto histórico. Se elude cualquier referencia a la República aludiendo, de forma aséptica, al reconocimiento y ampliación de los derechos y al establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ni siquiera el artículo que concede la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, menciona cuál fue el objetivo de su movilización. La ley consiguió salir adelante con demasiadas dificultades, el voto en contra del PP y las concesiones a CiU para que los hermanos benedictinos del convento de Montserrat siguieran al frente de la Fundación gestora del Valle de los Caídos, constituida y presidida por Franco en 1957, hasta que por un Real Decreto de 1984 se sustituye la composición creando una Comisión en la que las funciones del anterior jefe del Estado se atribuyen al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
La ley de 2007 ordena que incluyan, entre sus objetivos, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió. ¿Qué habían hecho hasta este momento? Creo que nadie puede sentirse orgulloso de una ley que por sus artículos se puede denominar, con toda propiedad, ley de Punto Final. Me remito a su contenido, su interpretación por la Fiscalía General del Estado y a los decretos que la desarrollan.
Ningún historiador sensato ha negado la brutal represión sufrida por los vencidos en forma de ejecuciones en juicios sumarísimos, paseos extrajudiciales y campos de concentración cuyos vestigios se quieren eliminar. Los vencedores se encargaron de escribir su historia oficial en unos tomos bajo el título de Historia de la Cruzada, título al que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nada tuvo que objetar. Rememorando a Benedicto XVI en su visita a Auschwitz podemos preguntarnos legítimamente: ¿dónde estaba Dios cuando sucedía esto?
Sorprende que los herederos del Partido Socialista, que formó parte de Frente Popular, pasen la página de la represión que sufrieron muchos de sus militantes con tanta frialdad. En este país los políticos son verdaderos expertos en enseñarnos o señalarnos lo que nos conviene y lo que no merece la pena. La existencia de fosas con cerca de 175.000 personas desperdigadas por toda la faz de nuestro país tiene un origen inequívocamente delictivo. Su esclarecimiento, según impone la ley de Enjuiciamiento criminal está siendo vedado. Su incumplimiento puede ser delictivo. De los escasos protagonistas y sus familiares, si no hubiera sido porque les condenaron por auxilio a la rebelión, hay muchos que no consentirían que sus antecedentes fuesen anulados. Están orgullosos de haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, de izquierdas, republicanos o haber pertenecido a la masonería. Ellos y otros que les siguieron durante el largo silencio de la dictadura nunca han renegado de su estirpe política.
La República que, por primera vez en nuestra historia constitucional otorgó la soberanía al pueblo, es para alguno de sus herederos una hipoteca del pasado de la que quieren librarse vergonzantemente eludiendo cualquier mención a su existencia como si hubiera sido un mal sueño que les impediría gobernar el presente.
Es cierto que la ley condena toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura pero obstinadamente evita cualquier alusión a la condena internacional de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Para estos organismos el régimen de Franco era un sistema fascista organizado e implantado, en gran parte, merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista.
Estoy de acuerdo con Manuel Cruz cuando dice (EL PAÍS, 17 de julio de 2009) que la memoria no es el territorio de lo nuevo. Pienso que debemos dejar que las víctimas administren su pasado y que la ley cumpla sus funciones. Álvarez Junco (EL PAÍS, 19 de julio de 2009) mantiene que recordar a las víctimas de la dictadura es un acto democrático. Nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la revancha, sólo recordar a Marcuse: "Contra la rendición del tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más notables tareas del pensamiento humano".
Hemos tenido que llegar a diciembre de 2007 para que la pervivencia y la resistencia a retirar los símbolos de la dictadura fascista de nuestras calles y plazas se haya convertido en un acto contrario a la ley. La ley, que pretende ahondar en el espíritu de reconciliación y concordia, se envuelve en un incomprensible galimatías para cualquier lector ajeno a nuestro conflicto histórico. Se elude cualquier referencia a la República aludiendo, de forma aséptica, al reconocimiento y ampliación de los derechos y al establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ni siquiera el artículo que concede la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, menciona cuál fue el objetivo de su movilización. La ley consiguió salir adelante con demasiadas dificultades, el voto en contra del PP y las concesiones a CiU para que los hermanos benedictinos del convento de Montserrat siguieran al frente de la Fundación gestora del Valle de los Caídos, constituida y presidida por Franco en 1957, hasta que por un Real Decreto de 1984 se sustituye la composición creando una Comisión en la que las funciones del anterior jefe del Estado se atribuyen al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
La ley de 2007 ordena que incluyan, entre sus objetivos, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió. ¿Qué habían hecho hasta este momento? Creo que nadie puede sentirse orgulloso de una ley que por sus artículos se puede denominar, con toda propiedad, ley de Punto Final. Me remito a su contenido, su interpretación por la Fiscalía General del Estado y a los decretos que la desarrollan.
Ningún historiador sensato ha negado la brutal represión sufrida por los vencidos en forma de ejecuciones en juicios sumarísimos, paseos extrajudiciales y campos de concentración cuyos vestigios se quieren eliminar. Los vencedores se encargaron de escribir su historia oficial en unos tomos bajo el título de Historia de la Cruzada, título al que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nada tuvo que objetar. Rememorando a Benedicto XVI en su visita a Auschwitz podemos preguntarnos legítimamente: ¿dónde estaba Dios cuando sucedía esto?
Sorprende que los herederos del Partido Socialista, que formó parte de Frente Popular, pasen la página de la represión que sufrieron muchos de sus militantes con tanta frialdad. En este país los políticos son verdaderos expertos en enseñarnos o señalarnos lo que nos conviene y lo que no merece la pena. La existencia de fosas con cerca de 175.000 personas desperdigadas por toda la faz de nuestro país tiene un origen inequívocamente delictivo. Su esclarecimiento, según impone la ley de Enjuiciamiento criminal está siendo vedado. Su incumplimiento puede ser delictivo. De los escasos protagonistas y sus familiares, si no hubiera sido porque les condenaron por auxilio a la rebelión, hay muchos que no consentirían que sus antecedentes fuesen anulados. Están orgullosos de haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, de izquierdas, republicanos o haber pertenecido a la masonería. Ellos y otros que les siguieron durante el largo silencio de la dictadura nunca han renegado de su estirpe política.
La República que, por primera vez en nuestra historia constitucional otorgó la soberanía al pueblo, es para alguno de sus herederos una hipoteca del pasado de la que quieren librarse vergonzantemente eludiendo cualquier mención a su existencia como si hubiera sido un mal sueño que les impediría gobernar el presente.
Es cierto que la ley condena toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura pero obstinadamente evita cualquier alusión a la condena internacional de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Para estos organismos el régimen de Franco era un sistema fascista organizado e implantado, en gran parte, merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista.
Estoy de acuerdo con Manuel Cruz cuando dice (EL PAÍS, 17 de julio de 2009) que la memoria no es el territorio de lo nuevo. Pienso que debemos dejar que las víctimas administren su pasado y que la ley cumpla sus funciones. Álvarez Junco (EL PAÍS, 19 de julio de 2009) mantiene que recordar a las víctimas de la dictadura es un acto democrático. Nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la revancha, sólo recordar a Marcuse: "Contra la rendición del tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más notables tareas del pensamiento humano".
