Rebasados ya los 70 años del final de la guerra civil, y cuando la nueva España asume la presidencia de la Unión Europea, la auténtica realidad, más allá de la retórica oficial, revela la existencia de una injusticia histórica que subleva la conciencia de cualquier demócrata: la vigencia activa en la jurisprudencia española de las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista.
La barbarie del franquismo, el único régimen de ideología nazifascista que logró sobrevivir a las dictaduras totalitarias de Hitler y Mussolini, perdura de forma macabra en la España del siglo XXI personificada en esos miles de víctimas, todas ellas combatientes por la libertad en momentos de tinieblas, cuya memoria todavía no ha sido plenamente rehabilitada por las instituciones de un Estado que se pretende democrático.
Y esto es así porque la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2008 por el parlamento español equivale, por omisión y en última instancia, a una ley de de punto final desde el momento en que renuncia a anular, con todas las consecuencias que en derecho cabe, las sentencias dictadas por los tribunales de aquella dictadura genocida. Fallos judiciales injustos, arbitrarios y criminales que sirvieron para encarcelar, torturar y asesinar impune y legalmente a los heroicos opositores al régimen de Franco.
Aquí y ahora, en el preciso momento en que Europa busca un destino democrático común y solidario, no puede admitirse la existencia de una aberración jurídica que en la práctica de la vida cotidiana española significa validar una ideología y cultura totalitaria en el corpus jurídico vigente.
Hace ahora tres años que el Consejo de Europa aprobó por unanimidad una resolución recomendando al gobierno español adoptar todas las medidas necesarias para liquidar de raíz esa lacra que nos retrotrae a los tiempos de la impunidad. Pero hasta la fecha la única respuesta de las autoridades ha sido esa maquillada y desmemoriada ley que, además de equiparar a las víctimas muertas por la libertad con las del bando franquista, ha servido para consolidar la renuncia a la anulación de los procesos de los tribunales represivos de la dictadura.
Por todo ello, nosotros, miembros del pueblo europeo, honestamente convencidos de la imperiosa necesidad de acabar con esos vestigios nazifascistas en la naciente Europa democrática, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y a sus legítimos representantes para que presionen y exijan a los gobernantes españoles la eliminación total de esa injusticia histórica que significan las sentencias de la dictadura y procedan a la reparación moral, jurídica y material de los “desaparecidos” del franquismo que aún permanecen tirados en las cunetas de las carreteras y en fosas clandestinas. Personas todas ellas, hombres y mujeres de plural condición, que tuvieron la dignidad y el valor de ser los primeros europeos en combatir al totalitarismo para labrar un mundo mejor.
En Madrid, a 14 de enero de 2010
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