CONCHA CABALLERO. El País, 15/05/2010
Desde que nuestro admirado Larra hiciese la crónica más amarga de la burocracia española en sus artículos de costumbres, se ha confundido la función pública con la detestable burocracia. La palabra "funcionario" evoca en nuestra mente una mesa de despacho, el papeleo interminable de gestiones agotadoras y el indescifrable lenguaje de una administración decimonónica.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no se dedican a las tareas burocráticas. El 45% pertenece a la rama de la docencia; casi el 40%, al sistema sanitario y sólo algo más del 12% se dedica a tareas administrativas.
Sin los funcionarios públicos, las escuelas, institutos, universidades, servicios sanitarios e incluso la investigación tendrían que clausurarse. Es más, si se aplica el plan expresado por la Ministra Salgado para que la tasa de reposición de los servicios públicos se reduzca a uno de cada diez funcionarios, en muy pocos años se produciría un deterioro estremecedor de la educación, la salud y los servicios sociales.
Al contrario de lo que se dice -sin datos y sin reflexión- el número de funcionarios de nuestro país es más bien bajo con respecto a la media Europea e inferior al de países con un estado del bienestar más consolidado como Francia, Noruega, Alemania o Reino Unido. Por lo que respecta a Andalucía, nuestro número de funcionarios públicos por habitante es muy inferior al de otras comunidades: pongamos por caso Madrid. De hecho, Andalucía, con dos millones de habitantes más que esta comunidad, dispone de un número similar de trabajadores en este sector.
Lo que sobran no son funcionarios sino burocracia. Lo que estorba no son empleados públicos sino duplicidad de organismos, mastodontes administrativos, normas de funcionamiento decimonónicas y enchufados a dedo en las empresas públicas y en los ayuntamientos. Porque es justo esto lo que desprestigia a toda una función pública que es, en general, de una gran profesionalidad. De hecho, los técnicos de la administración, el personal sanitario, investigador y docente es apreciado en toda Europa con la mayor consideración.
Viene todo esto a cuento de la reducción salarial para los funcionarios. El Gobierno no ha tenido más valentía e imaginación que ir al granero de los sueldos públicos para reducir el déficit. Había otras fuentes a las que acudir, pero hubiera necesitado mayor decisión e independencia de los poderes económicos. En vez de acometer la reforma financiera, la contribución de los más poderosos y una verdadera reforma de la administración pública, el Gobierno ha decidido que paguen el pato los funcionarios y los jubilados.
En esta reducción salarial hay un trasfondo de demagogia y de desprestigio de la función pública. Indirectamente, el mensaje que se envía a la población es que se trata de sectores privilegiados que, en medio de la crisis, han conservado su salario y su estatus. Sin embargo, los aumentos salariales de la función pública en tiempos de bonanza han estado siempre por debajo del resto de los sectores, han soportado congelaciones salariales y, en los últimos años, apenas han aumentado su nivel adquisitivo.
No me resisto a transcribir la cita final del discurso del presidente del Gobierno que debería figurar en un manual de lógica contradictoria: "Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis". Pues precisamente eso es lo que cabrea: que paguen los inocentes y que los culpables aplaudan al Gobierno mientras debaten su próxima prima de beneficios. O como diría Larra "palabras vacías de sentido con que trate el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos".
