Periodista y directora de documentales históricos
Artículo de Público
Cuando en 2002 estrenamos Los niños perdidos del franquismo la sociedad española se estremeció al ver que el robo de niños que habíamos llorado en el contexto de la dictadura argentina también se había producido en España. Gracias a la investigación que realicé con Ricard Belis (con la asesoría histórica de Ricard Vinyes), desvelamos uno de los pasajes más siniestros de la dictadura franquista, esa que algunos se empeñan en vendernos como light y superada por el hada buena y amnésica de la Transición.
En nuestra última investigación, el documental ¡Devolvedme a mi hijo!, hemos visto cómo los robos de niños continuaron durante la dictadura y los primeros años de la democracia. El perfil ha cambiado y la instrumentalización de la represión también. El objetivo será ahora las madres solteras y el objeto codiciado esos hijos que muchas de ellas no tuvieron más remedio que dar en adopción, atrapadas en un contexto moral, social y político que hacía impensable una maternidad en solitario. Eran unas “pecadoras” y su hijo un objeto que iría a parar a familias “como Dios manda”. A pesar de ello, fueron muchas las mujeres que tuvieron la valentía de querer quedarse con su hijos. De nada sirvieron sus ruegos; su hijo ya había sido adjudicado.
Lo que empezó siendo una terrible represión política se convirtió en una represión moral y un negocio revestido de caridad que terminó como simple tráfico de bebés. Son muchos los padres a los que se les comunicó que su hijo había muerto en el parto. Si insistían, se les enseñaba un bebé congelado, siempre el mismo, que posteriormente será reconocido por más parejas. No existe la historia clínica, el niño no está inscrito en el registro, no hay certificado en el cementerio. ¿Donde está ese niño?
Nuevamente la justicia española ha hecho gala de lo contrario y el fiscal general del Estado no ha aceptado la demanda conjunta de los afectados, como antes tampoco lo aceptó la Audiencia Nacional. Aunque un fiscal especial coordinará la investigación –un logro al que no es ajeno la insistencia de los afectados y el estreno del documental–, entre las víctimas hay desazón y también desunión. Incluso hay algunos que se han querido desvincular de eso tan feo y peligroso que se llama “memoria histórica”. Así lo han exhibido en unos carteles que, a falta de poder poner rostro a ese desaparecido, decía: “No somos memoria histórica”. Algunos afectados, en su dolor y desconocimiento, dicen que su hijo fue robado después de la muerte del dictador, en plena democracia, como si el dato cronológico significara la liquidación automática de unas estructuras que precisamente fueron las que propiciaron esos robos. Uno de esos instrumentos que perduró hasta el año 1999 fue el llamado parto anónimo, que permitía a las madres ocultar su identidad al dar a luz. Lo que debía proteger la intimidad de esa madre terminó siendo la puerta de muchas apropiaciones. La madre nunca podría reclamar a su hijo, el hijo nunca tendría una pista de quién era su madre biológica. A menudo la jugada se completaba con una inscripción falsa: la madre adoptiva constaba como madre biológica.
El franquismo sigue venciendo y cuando las víctimas se desvinculan de la dictadura se expresa una doble tragedia: no entendemos que muchas de las injusticias a las que nos enfrentamos hoy día arrancan de la dictadura y se han perpetuado en democracia. Sigue siendo más digerible pensar que unos señores muy malos robaban niños en vez de contextualizarlo en un sistema político y religioso que favorecía, alentaba y encubría esos robos. Es más fácil culpar a una banda de traficantes que a una dictadura. Se piensa que se puede obtener un mejor resultado judicial acusando a unos determinados médicos que a un Estado. Muchos afectados, en su deseo de encontrar al ser querido, se imponen la práctica idea de que, si una persona culta e influyente como el juez Baltasar Garzón ha terminado sentado en el banquillo por denunciar el robo de niños a sus madres presas en los años 40 y 50, ¿cómo no pueden terminar ellos, simples trabajadores, gentes sencillas, cuando denuncian las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta? No, no, mejor desvincularlo.
Pero da igual. Tampoco les van a hacer caso. Porque sí, seguimos hablando de franquismo y eso no se toca o te salpicas. Porque, aunque no hubiera un plan diseñado y planificado de robo y adopciones de niños que engordaban conciencias y bolsillos, los que manejaban esas redes que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las madres eran los de siempre: monjas, capellanes, médicos, notarios, jueces… Todos ellos pertenecían a unas clases dominantes muy bien conectadas con el poder, amparadas por el régimen y por la impunidad que los protegían. Unas clases que hoy ejercerán su influencia impidiendo la verdad, justicia y reparación de las víctimas. El primer paso ya se ha dado, intentando desactivar la carga de profundidad que significa vincular estos robos con el franquismo. Así, en el supuesto de que se llegue a juicio, no habrá condena porque el delito habrá prescrito. Claro, muy distinto que interpretarlo como delito de lesa humanidad, secuestro continuado. Porque eso es lo que fueron esos cambios de destinos que imponían los que se creían dioses. Y esos delitos no prescriben.
Como ya ocurrió en nuestra primera investigación, será muy difícil obtener pruebas que atesoren que esos robos eran parte del proyecto del Estado franquista. Pero, aunque nos falte alguna pieza del puzle, la imagen es diáfana. Para quien la quiera ver, claro.
Montse Armengou es periodista y directora de documentales históricos
