La votación más reñida de la corta pero intensa vida de la Sala del 61 del Supremo la perdió SORTU por dos votos. El auto ya filtrado a la prensa desde el Tribunal Supremo antes de ser comunicado a las partes tiene como tesis principal que ETA utilizó la “técnica del desdoblamiento operativo” para intentar engañar a todos.
En palabras sencillas, los nueve funcionarios con toga niegan la inscripción del nuevo partido porque ETA le dijo a los nuevos voceros de la izquierda abertzale que declararan públicamente que sólo utilizarían cauces democráticos y medios pacíficos y que condenaran, como condenaron, cualquier acto de violencia. Parece que también les dictó los estatutos más exigentes vistos nunca en “esta” democracia pero que todo era pura apariencia.
El esperado voto del Señor Dívar
Parece confirmarse que entre los apoyos de la tesis ilegalizadoras se encuentran los dos magistrados representantes del estamento militar así como el presidente de la Sala y, a la sazón, del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, colaborador de la Hermandad del Valle de los Caídos y juez católico confeso y de misa diaria. Por su parte, los siete partidarios de la legalización han anunciado un único voto particular suscrito de manera colectiva. Comprensible, para salvarse de la quema jurídica, suponemos, cuando el Constitucional o en el peor de los casos otra instancia supranacional ponga de nuevo en evidencia al Alto Tribunal.
Siempre que la Sala creada por la Ley de Partidos delibera nos preguntamos en voz alta si dieciséis funcionarios con toga y puñetas pueden decidir sobre ese derecho fundamental que es el sufragio de cientos de miles. La triste respuesta es que no hacen falta dieciséis. Con nueve, basta.
