Tras la publicación del artículo de Idoia Mendia, consejera de Justicia, titulado “Memoria compartida”, LAU HAIZETARA GOGOAN denuncia que la misma clase política que discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos” (en lo que se refiere a la violencia de los últimos 40 años) equipara a las víctimas y a los verdugos de una violencia mil veces mayor, la
desatada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936.
El 16 julio la Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida” (Grupo Correo). En él, repitiendo un discurso que viene siendo habitual en las últimas décadas, pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas. La Sra. Mendía pierde toda perspectiva histórica al no tener en cuenta que todas las victimas (en combate o por represión) fueron consecuencia de la propia rebelión militar, cuyos artífices dieron comienzo a los asesinatos en masa, la misma noche del 17 al 18 de julio. Es sorprendente que quien ostenta la consejería de justicia, desconozca que “el causante de la causa es el causante del mal causado”.
Además existen notables diferencias cuantitativas y cualitativas respecto a la represión ejercida por los franquistas. Cuantitativamente, en el Estado, las victimas provocadas por el fascismo son el triple. En el caso de Euskal Herria, casi diez veces más. En lo cualitativo, los militares sublevados dieron las órdenes para eliminar a aquellos que se oponían a su proyecto totalitario. Esta eliminación fue planificada y sistemática, se cometió un verdadero genocidio político, especialmente en Nafarroa, allí donde dice que "triunfó", de forma natural, el golpe militar. Las mayores y más numerosas fosas comunes se encuentran en aquellas zonas en las que no pudo organizarse resistencia alguna a los militares franquistas. ¿Acaso se olvida la Sra. Mendia de los miles y miles de militantes de su propio partido que fueron víctimas de la represión fascista y que en muchos casos aún siguen desaparecidos? Por el contrario, la violencia desatada en territorio republicano, fue circunstancial y contraria a las órdenes de las instituciones políticas y militares.
La misma clase política que, cuando se trata de la violencia producida en los últimos 40 años (que ha causado centenares de muertos) discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos”, no tiene ninguna vergüenza en equiparar a víctimas y verdugos de la violencia generada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936 que, no lo olvidemos, causó centenares de miles de muertos.
75 años después se siguen vulnerando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia efectiva y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Mientras no se eliminen todos los obstáculos que hacen posible la impunidad de los criminales, hablar de equiparaciones resulta gravísimo.
El Gobierno Vasco no quiere compartir la memoria, sino ocultar y seguir manteniendo una realidad dividida, a través de un discurso que equipara a personas y situaciones diferentes e incluso opuestas. La obligación de la consejera de Justicia, es restaurar los derechos de miles de víctimas causadas por los sublevados, sus cómplices y sus herederos; usted, Sra. Mendia tiene el ineludible deber de posibilitar la superación de este estado de impunidad. Si la consejera de justicia es incapaz de discernir la diferencia entre quienes sepultaron en las cunetas a cientos de miles de ciudadanos indefensos y aquellos que lucharon en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos sustanciados en la legitimidad republicana, Sra. Mendía tiene la obligación de dimitir o, en su defecto, debería de ser inmediatamente cesada en sus funciones por el propio presidente del Gobierno.
desatada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936.
El 16 julio la Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida” (Grupo Correo). En él, repitiendo un discurso que viene siendo habitual en las últimas décadas, pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas. La Sra. Mendía pierde toda perspectiva histórica al no tener en cuenta que todas las victimas (en combate o por represión) fueron consecuencia de la propia rebelión militar, cuyos artífices dieron comienzo a los asesinatos en masa, la misma noche del 17 al 18 de julio. Es sorprendente que quien ostenta la consejería de justicia, desconozca que “el causante de la causa es el causante del mal causado”.
Además existen notables diferencias cuantitativas y cualitativas respecto a la represión ejercida por los franquistas. Cuantitativamente, en el Estado, las victimas provocadas por el fascismo son el triple. En el caso de Euskal Herria, casi diez veces más. En lo cualitativo, los militares sublevados dieron las órdenes para eliminar a aquellos que se oponían a su proyecto totalitario. Esta eliminación fue planificada y sistemática, se cometió un verdadero genocidio político, especialmente en Nafarroa, allí donde dice que "triunfó", de forma natural, el golpe militar. Las mayores y más numerosas fosas comunes se encuentran en aquellas zonas en las que no pudo organizarse resistencia alguna a los militares franquistas. ¿Acaso se olvida la Sra. Mendia de los miles y miles de militantes de su propio partido que fueron víctimas de la represión fascista y que en muchos casos aún siguen desaparecidos? Por el contrario, la violencia desatada en territorio republicano, fue circunstancial y contraria a las órdenes de las instituciones políticas y militares.
La misma clase política que, cuando se trata de la violencia producida en los últimos 40 años (que ha causado centenares de muertos) discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos”, no tiene ninguna vergüenza en equiparar a víctimas y verdugos de la violencia generada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936 que, no lo olvidemos, causó centenares de miles de muertos.
75 años después se siguen vulnerando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia efectiva y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Mientras no se eliminen todos los obstáculos que hacen posible la impunidad de los criminales, hablar de equiparaciones resulta gravísimo.
El Gobierno Vasco no quiere compartir la memoria, sino ocultar y seguir manteniendo una realidad dividida, a través de un discurso que equipara a personas y situaciones diferentes e incluso opuestas. La obligación de la consejera de Justicia, es restaurar los derechos de miles de víctimas causadas por los sublevados, sus cómplices y sus herederos; usted, Sra. Mendia tiene el ineludible deber de posibilitar la superación de este estado de impunidad. Si la consejera de justicia es incapaz de discernir la diferencia entre quienes sepultaron en las cunetas a cientos de miles de ciudadanos indefensos y aquellos que lucharon en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos sustanciados en la legitimidad republicana, Sra. Mendía tiene la obligación de dimitir o, en su defecto, debería de ser inmediatamente cesada en sus funciones por el propio presidente del Gobierno.
