LA ENCRUCIJADA DEL MOVIMIENTO REPUBLICANO

Por Álvaro Fernández

El VIII encuentro estatal republicano, celebrado en Madrid el pasado 8 de febrero, ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones que atañen a la situación, características de la coordinación estatal y la capacidad unitaria y dinamizadora del movimiento socio-político republicano en el momento actual.

Los análisis sobre la situación del republicanismo, estrictamente desde la óptica de la coordinación estatal, son, cuando menos, contradictorios, fluctuando entre el triunfalismo y la sensación, compartida y verbalizada, de estancamiento. Esta contradicción conlleva, intrínsecamente, una incapacidad para analizar el qué y el cómo de dicha situación y las posibles salida a la misma. La lógica que llevaría a despejar estas cuestiones fundamentales, para el presente y futuro del movimiento republicano, se substituye por un discurso generalista que obvia sus contradicciones estructurales.

No nos llamemos a engaños. Más allá de una mesa convocante, que es un simple telón de apariencia unitaria, está el trasfondo de las lógicas diferencias entre los distintos actores políticos que quieren mantener, o aumentar, su cuota de poder dentro del movimiento republicano. Lo cual, dado el escenario descrito, ni extraña, ni deja de ser lógico.

Desde la óptica del republicanismo de izquierdas, no institucionalizado, todos estamos de acuerdo, en líneas generales, en el análisis de la actual situación económica y sus gravísimas consecuencias sociales y políticas. La disensión comienza cuando se atribuye al movimiento republicano un papel que ni le corresponde ni puede asumir, más allá de su capacidad e influencia política, en dirigir la respuesta a la crisis, que es responsabilidad de otros actores sociales.

Pero es cierta e imprescindible la imbricación del republicanismo radical con los movimientos sociales de diferente signo y características, y su presencia activa, participativa y solidaria en las movilizaciones que se están llevando a cabo contra las políticas antisociales del gobierno y/o la patronal, los derechos de las diferentes naciones del estado, la igualdad de género, el derecho al aborto libre y gratuito, la “indiferencia” de las cúpulas sindicales ante la situación económica y social, la laicidad, la antidemocrática ley de partidos políticos, y así un largo etcétera. Pero, ante todo, estableciendo una estrategia de prioridades a la luz de un balance de capacidades e influencia.

De ahí se infiere que no debemos jugar la carta del triunfalismo a la hora de analizar el avance de la influencia social republicana, organizada o no, ni la incorporación de jóvenes al republicanismo activo. También hay jóvenes en los movimientos antiglobalización, en los ateneos antifascistas, en los grupos independentistas o contra las estrategias universitarias de Bolonia.

Es cierto, no podemos pasar por alto, la proliferación de entidades, asociaciones o ateneos republicanos, cuya creación, inducida o espontánea supone un paso importante en la creación de una red social en distintos puntos del estado. Ni tampoco el movimiento memorialista, cuyo carácter republicano siempre ha estado subyacente en sus justas reivindicaciones. Un sector importante del mismo ha incorporado de manera clara, sin ambages, la III República como un horizonte lógico en el camino del cumplimiento de la Verdad, Justicia y Reparación, ante la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Estas premisas cuestionan la llamada transición y el anacronismo y la legalidad de un régimen monárquico, cuyos orígenes son de sobra conocidos. La demanda de anulación de pleno derecho de todos los juicios de la dictadura –militares o civiles- ha puesto de manifiesto la incapacitación política y jurídica del estado para enjuiciar al franquismo y sus crímenes, consecuencia lógica de la llamada transición. Paralelamente a otras acciones, los actos y concentraciones bajo el lema “Verdad, Justicia y Reparación- Anulación de todos los Juicios del Franquismo”, es un factor importante de concienciación ciudadana que el movimiento republicano debe asumir prioritariamente.

Existe una percepción de la coordinación estatal que nos parece destacable. La existencia de dos corrientes, una mayoritaria, la de los partidos políticos y sus asociaciones, y por otro lado la minoritaria conformada por las entidades en las que los partidos políticos no participan. La salida de la encrucijada en la que nos encontramos en la actualidad vendrá de este sector o no vendrá. Significa esto negar “el pan y la sal” a lo que denominamos –sin ánimo peyorativo- “entidades asociadas”. Ni mucho menos, en tanto en cuanto, los partidos les doten de la suficiente autonomía decisoria.

Los partidos políticos, con otros objetivos estratégicos, coinciden en el tiempo con los movimientos sociales heterogéneos, pero pretenden asumir otra función, dirigirlos o, cuando menos, influenciarlos decisivamente, como es el caso del movimiento republicano, o incluso ignorarlos por no encajar en sus esquemas políticos. Y ello corresponde a una lógica que históricamente se ha mostrado contraproducente para el desarrollo de los movimientos sociales y que se traduce en un avance inicial, al que sucede un estancamiento y a éste una disgregación y la construcción de plataformas alternativas, que a su vez estallan o avanzan al margen de la actuación partidista. Y así sucesivamente.

Esto no debe interpretarse como una negación de los partidos, como más arriba insinuábamos, sino llevar a la comprensión de éstos y de sus entidades a que el republicanismo avanzará en la medida en que establezca su propia dinámica socio- política y organizativa, sencilla, sin trabas ni ataduras de ningún tipo.