El día de ayer visitó Barcelona el vicepresidente de Colombia Francisco Santos, en la Casa América presentó una conferencia titulada “Responsabilidad Compartida. Un centro de biodiversidad amenazado por la cocaína”. Su intervención se centro en señalar la responsabilidad que tienen los jóvenes europeos que consumen cocaína con la deforestación y destrucción de ecosistemas y de la biodiversidad en Colombia. El político plantea una relación algo inverosímil: terrorismo – narcotráfico y calentamiento global. Al ser interpelado por los asistentes frente a la responsabilidad de las transnacionales farmacéuticas, la situación de derechos humanos o incluso, la legalización de la cocaína, no sólo evadió las respuestas sino que planteó que el principal problema que existe respecto al narcotráfico son las especies en vía de extinción y que el papel de los gobiernos europeos debe centrarse en la prevención del consumo, “la mejor herramienta para la concientización es mostrar los costos ambientales”.
En Colombia han sido asesinados más de 2700 dirigentes sindicales en los últimos 20 años; el 10% de la población total del país ha sido desplazada forzadamente; se han encontrado más de 1200 fosas comunes de víctimas de los paramilitares (grupos de extrema derecha creados con el apoyo y la permisividad del estado, los grupos políticos tradicionales y los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros) en dónde han sido arrojados los restos de más de 15 personas. Durante la gestión del actual presidente, Álvaro Uribe, han sido asesinados por la fuerza pública más de 1500 campesinos o pobladores que han sido presentados como “bajas en combate”. Situación que parece no preocupar al funcionario directamente responsable del tema de derechos humanos.
están siendo investigados o condenados. Entre ellos se pueden contar más de 80 parlamentarios (entre los que se incluye el primo del presidente Mario Funcionarios públicos vinculados con el paramilitarismo y responsables de crímenes de lesa humanidad que han apoyado políticamente al actual gobierno y que han intervenido en la aprobación de las reformas constitucionales que han permitido la reelección de Uribe VélezUribe), altos funcionarios de la Rama Judicial (como el hermano del Ministro de Interior y Justicia, Guillermo Valencia Cossio), así como diplomáticos, gerentes de entidades públicas, directores de la agencia de inteligencia estatal, etc. El mismo vicepresidente ha sido señalado en varias ocasiones como promotor de la creación del grupo paramilitar Bloque Capital de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Qué dirá al respecto la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España con la que Santos de tiempo atrás tiene una estrecha relación?
Retomando el tema del narcotráfico y el medio ambiente en Colombia, que tanto parece preocupar al señor Santos, no deben olvidarse los altos costos ambientales generados por las fumigaciones con glifosato sobre millones de hectáreas, que incluyen zonas de reserva natural y parques, y las consecuencias sobre la salud de los campesinos. Política que ha sido todo un fracaso en materia antinarcóticos, porque las áreas sembradas siguen creciendo así como suben los precios; sin embargo, el gobierno insiste en continuar con una política fracasada y con altos costos económicos, ambientales y sociales.
La “responsabilidad compartida” no sólo se refiere a que las beneficiarias de los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano son las empresas transnacionales (en Colombia tienen presencia unas 170 empresas españolas). Los gobiernos de la “democrática Europa” no sólo miran hacia otro lado cuando se presentan las cifras y las evidencias de la existencia del terrorismo de Estado en Colombia; sino que le prestan apoyo y suscriben acuerdos comerciales (como el Tratado de Libre Comercio que se está negociando en la Unión Europea) con un gobierno criminal como el de Álvaro Uribe.
La persona que ha realizado este escrito está amenazada de muerte y por eso no puede volver a su país. Un compañero suyo fue asesinado en el día de ayer dejando tres hijos. Pero no cabe duda de que el gran problema de Colombia son las muertes de las ranas, de la que también echan la culpa a otros, como es costumbre del gobierno colombiano.
Nuestro Col·lectiu hace por tanto suyo este escrito donde se denuncia el cinismo del vicepresidente Santos.
En Colombia han sido asesinados más de 2700 dirigentes sindicales en los últimos 20 años; el 10% de la población total del país ha sido desplazada forzadamente; se han encontrado más de 1200 fosas comunes de víctimas de los paramilitares (grupos de extrema derecha creados con el apoyo y la permisividad del estado, los grupos políticos tradicionales y los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros) en dónde han sido arrojados los restos de más de 15 personas. Durante la gestión del actual presidente, Álvaro Uribe, han sido asesinados por la fuerza pública más de 1500 campesinos o pobladores que han sido presentados como “bajas en combate”. Situación que parece no preocupar al funcionario directamente responsable del tema de derechos humanos.
están siendo investigados o condenados. Entre ellos se pueden contar más de 80 parlamentarios (entre los que se incluye el primo del presidente Mario Funcionarios públicos vinculados con el paramilitarismo y responsables de crímenes de lesa humanidad que han apoyado políticamente al actual gobierno y que han intervenido en la aprobación de las reformas constitucionales que han permitido la reelección de Uribe VélezUribe), altos funcionarios de la Rama Judicial (como el hermano del Ministro de Interior y Justicia, Guillermo Valencia Cossio), así como diplomáticos, gerentes de entidades públicas, directores de la agencia de inteligencia estatal, etc. El mismo vicepresidente ha sido señalado en varias ocasiones como promotor de la creación del grupo paramilitar Bloque Capital de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Qué dirá al respecto la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España con la que Santos de tiempo atrás tiene una estrecha relación?
Retomando el tema del narcotráfico y el medio ambiente en Colombia, que tanto parece preocupar al señor Santos, no deben olvidarse los altos costos ambientales generados por las fumigaciones con glifosato sobre millones de hectáreas, que incluyen zonas de reserva natural y parques, y las consecuencias sobre la salud de los campesinos. Política que ha sido todo un fracaso en materia antinarcóticos, porque las áreas sembradas siguen creciendo así como suben los precios; sin embargo, el gobierno insiste en continuar con una política fracasada y con altos costos económicos, ambientales y sociales.
La “responsabilidad compartida” no sólo se refiere a que las beneficiarias de los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano son las empresas transnacionales (en Colombia tienen presencia unas 170 empresas españolas). Los gobiernos de la “democrática Europa” no sólo miran hacia otro lado cuando se presentan las cifras y las evidencias de la existencia del terrorismo de Estado en Colombia; sino que le prestan apoyo y suscriben acuerdos comerciales (como el Tratado de Libre Comercio que se está negociando en la Unión Europea) con un gobierno criminal como el de Álvaro Uribe.
La persona que ha realizado este escrito está amenazada de muerte y por eso no puede volver a su país. Un compañero suyo fue asesinado en el día de ayer dejando tres hijos. Pero no cabe duda de que el gran problema de Colombia son las muertes de las ranas, de la que también echan la culpa a otros, como es costumbre del gobierno colombiano.
Nuestro Col·lectiu hace por tanto suyo este escrito donde se denuncia el cinismo del vicepresidente Santos.
